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Vivimos rodeados de tecnología. Desde el momento en que encendemos el móvil por la mañana hasta que pedimos una cena por una app, estamos inmersos en un entorno digital donde nuestros datos viajan a una velocidad vertiginosa. Pero ¿estamos realmente protegidos? ¿Puede el derecho seguir el ritmo de las TICs?
En el nuevo webinar de INEAF Hablando, hemos contado con Rosa María Atienza, jurista especializada en derecho internacional, para abordar los enormes desafíos que plantea la tecnología desde una perspectiva legal.
Aquí te traemos los puntos más destacados de esta charla imprescindible para cualquier profesional del derecho (o de la tecnología)
¿Qué son las TICs?
Aunque es un concepto que todos conocemos ya, no está de más recordar que por TICs se entienden, según Rosa: “El conjunto de herramientas que nos ayudan a crear, almacenar, gestionar y transmitir, conocimiento o información, pero a través de medios digitales”
No obstante, este concepto, aparentemente técnico, tiene importantes implicaciones ya que ha transformado profundamente nuestras relaciones sociales, comerciales y laborales.
Por eso, su regulación requiere comprender no solo su funcionamiento, sino también su impacto social, económico y jurídico.
¿Cuál es el marco jurídico que regula estas tecnologías?
Aquí, Rosa señala una de las grandes realidades del derecho tecnológico: “El avance de la tecnología va más rápido que el derecho”.
Esta brecha genera incertidumbre, ya que muchos aspectos de nuestra vida digital aún no cuentan con una normativa específica o clara.
Las TICs han cambiado radicalmente la forma en que operamos, desde las transacciones financieras hasta el trabajo remoto.
Por tanto, su regulación no puede limitarse a leyes dispersas, sino que debe articularse dentro de un marco legal coherente, dinámico y capaz de adaptarse, que aún se está articulando.
Cómo se aplican los principios fundamentales del derecho en entornos digitales que no encajan en lo tradicional
Rosa destaca que principios esenciales como la seguridad jurídica, la legalidad o el derecho a la privacidad deben reinterpretarse para ser aplicables al mundo digital.
Por ejemplo, ¿cómo trasladamos el principio de legalidad a contratos que se firman online, entre partes que nunca se ven? ¿O cómo protegemos nuestra privacidad cuando los datos se comparten entre plataformas globales?
El reto que se nos plantea está en aplicar estos derechos de forma efectiva en entornos automatizados, intangibles y globales.
¿Cómo afectarán estas nuevas regulaciones a los usuarios?
Realmente, está por ver. No obstante, Rosa subraya que uno de los aspectos en los que el derecho está haciendo más esfuerzos es el comercio electrónico y en la protección de los consumidores en todas las fases del proceso de compra online. “Desde que se compra un producto hasta que se entrega”
En España, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información obliga al vendedor a asumir la responsabilidad en caso de extravío o defecto, garantiza el derecho de desistimiento del comprador y regula las plataformas de pago para luchar contra el fraude.
El derecho a la protección de datos, lo que tanto nos preocupa
La información personal es uno de los activos más valiosos del siglo XXI.
El hecho de aceptar las cookies o solo las necesarias es determinante en cuanto al nivel de información sobre nosotros al que puede acceder la página web o portal.
A veces, nos encontramos en una cadena de correos electrónicos a la que no sabíamos si quiera que estuviéramos apuntados.
Por eso, el RGPD europeo y la LOPDGDD española han establecido un conjunto de principios fundamentales que rigen su tratamiento y que, para Rosa, establecen los pilares para proteger nuestra información:
- Principio de licitud y finalidad: los datos deben recabarse legalmente y con un fin claro.
- Minimización del dato: cuanto menos se recoja, mejor.
- Exactitud y actualización: los datos deben ser veraces.
- Limitación temporal: deben conservarse solo el tiempo necesario.
- Seguridad: las empresas deben contar con medidas técnicas y organizativas para proteger la información.
- Responsabilidad activa: quien maneja los datos debe garantizar y demostrar su cumplimiento legal.
Estos principios son clave para reequilibrar la relación entre usuarios y empresas en la era del Big Data.
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Qué significa realmente el derecho al olvido y qué límites tiene frente a la libertad de información
El derecho al olvido nos permite controlar la información personal que circula sobre nosotros, explica Rosa. Es decir, podemos solicitar a buscadores como Google que eliminen datos personales que ya no son relevantes o que nos perjudican.
Si la empresa no atiende esta solicitud, puede enfrentarse a sanciones muy elevadas.
Eso sí, este derecho no es absoluto: cuando la información es de interés público, se puede conservar, aunque debe anonimizarse para proteger al afectado.
Y ¿qué pasaría si la empresa no atiende a nuestra solicitud?
La infracción del RGPD no es un error sin importancia: puede salir muy caro. Como detalla Rosa, las sanciones oscilan desde 40.000 euros hasta 20 millones, o incluso el 4 % de la facturación anual global de la empresa.
Casos reales, como el de H&M en Francia, sancionada con más de 35 millones de euros por recabar datos confidenciales de empleados, demuestran que las autoridades no dudan en aplicar la ley.
La ciberseguridad desde el punto de vista del derecho
Pero se plantea otro escenario, una vez que cedemos nuestros datos conscientemente, ¿hay peligro de que los roben?
España cuenta con el Esquema Nacional del Sector Público y también la Ley 12 18 dedicada a la empresa privada que es una trasposición de la directiva NIST y NIST 2.0, que es la que regula todos estos temas tan importantes de ciberseguridad.
En este ámbito la regulación es fundamentalmente europea y, como comenta Rosa: “Esto se debe a que los estados miembros buscan una unidad y una armonía en este tipo de legislaciones”
Todo lo anterior, busca luchar contra delitos como el malware, el phising, ransomware o el ataque de denegación del servicio, robos de identidad.
Cómo se protege la propiedad intelectual en el mundo digital
En un entorno donde los contenidos se generan, comparten y reutilizan masivamente, proteger los derechos de autor es más complejo que nunca.
La propiedad intelectual se regula a través del derecho de autor, las patentes y marca y como dice Rosa: ” El reto está en aplicarlo a un mundo completamente globalizado y descentralizado, como es el mundo digital”
Las plataformas son intermediarios, pero también actores clave en la defensa (o vulneración) de derechos. El principio de puerto seguro las exime de responsabilidad… si actúan con diligencia. Con herramientas como Content ID, se automatiza parte de esa vigilancia.
Pero el debate sigue: ¿hasta qué punto deben controlar el contenido que alojan? Veremos cómo evoluciona en los próximos meses.
Nuevos desafíos legales: cuando la IA crea obras, toma decisiones o procesa datos personales
Realmente se trata de un tema complejo y, si lo relacionamos con la propiedad actual, aún más.
La IA es disruptiva: puede generar contenido protegido, tomar decisiones que afectan derechos o incluso replicar sesgos. ¿Quién responde? ¿Quién tiene la autoría? ¿Qué pasa si se discrimina? La legislación aún va por detrás, aunque la UE ya trabaja en un Reglamento de IA.
Mientras tanto, el derecho tradicional debe dar respuestas con creatividad jurídica.
Sobre los smart contracts
Realmente son muy interesantes incluso hay abogados y abogadas que se están especializando en ellos.
Y es que los smart contracts no se interpretan, se ejecutan. Eso los hace ágiles, pero también rígidos. Funcionan en blockchain, sin mediación de notarios o jueces.
Su utilidad es clara, pero requieren mecanismos (como oráculos) para conectarlos con el mundo real y evitar errores de automatización sin posibilidad de corrección.
Rosa pone un ejemplo muy gráfico para explicar cómo funcionan los contratos inteligentes y los oráculos:
“Si un seguro agrario establece que se debe pagar una indemnización cuando la temperatura supere cierto umbral y la cosecha se vea afectada, el oráculo sería un dispositivo que mide en tiempo real esa temperatura y comunica el dato al contrato inteligente”.
De este modo, cuando se cumpla la condición, el contrato se ejecutará automáticamente sin necesidad de intervención humana.
Derecho y Tics: salidas profesionales
Para Rosa, el ámbito del derecho vinculado a las TICs es un sector en plena expansión, donde la demanda de profesionales especializados no dejará de crecer.
Se trata de perfiles muy completos, que requieren no solo una sólida formación jurídica, sino también un conocimiento funcional del entorno tecnológico.
Entre los puestos con mayor proyección, Rosa destaca los siguientes:
- Responsables de ciberseguridad legal, encargados de implementar medidas técnicas y normativas que garanticen la protección de los sistemas de información.
- Especialistas en propiedad intelectual digital, capaces de proteger activos intangibles como obras, marcas o patentes en entornos descentralizados y globales.
- Delegado de Protección de Datos (DPO), una figura clave en empresas e instituciones, responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de privacidad y tratamiento de datos personales.
Son perfiles que combinan el conocimiento jurídico con competencias tecnológicas, cada vez más valoradas en despachos, empresas, startups y organismos públicos.
Puedes ver el video al completo aquí:
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