Adelanto electoral: más de 60 leyes al cajón

El adelanto electoral es una realidad. Las próximas elecciones generales se han adelantado al próximo 23 de julio de 2023. Haciendo un análisis político y electoral, y tras unos resultados claramente negativos para el PSOE en las elecciones autonómicas y municipales, se asume un mal resultado para este partido político.

Ahora es momento de afrontar la estrategia política tras el adelanto de elecciones generales, en vez de esperar a diciembre. En esta Tribuna, te contamos todos los detalles sobre esta decisión.

¿Es estratégico el adelanto electoral al 23 de julio?

Una de las dudas más frecuentes ahora es la de si la decisión del adelanto electoral es estratégica o no. Aquí te damos algunos detalles:

• Tener un corto espacio de tiempo de reacción desde los resultados de elecciones autonómicas y municipales.
• Parece un “todo o nada”. O la izquierda se moviliza, o realmente España quiere un cambio.
• Obliga al Partido Popular a negociar consolidaciones de gobiernos con VOX.

Consecuencias del adelanto electoral

Con las Cortes ya disueltas, no hay actividad parlamentaria, así que se paralizan todas las normas que se estaban ahora tramitando. Son más de 60 y ya no saldrán adelante. La actividad en las dos cámaras ha quedado suspendida y esa es una de sus consecuencias. Además, 212 diputados, más de dos tercios, han dejado de serlo tras la decisión del adelanto electoral.

El resto, los que todavía mantienen su escaño, son los miembros de la diputación permanente, el órgano de “guardia” que se reúne cuando las cortes están disueltas, cuando no se pueden celebrar plenos.

De hecho, será una diputación permanente la que convalide algunos decretos pendientes, como el que aprobó hace unos días el Gobierno para paliar los efectos de la sequía.

Más de 60 leyes al cajón

Ya no verán la luz, al menos por ahora, alrededor de 60 leyes. Es uno más de los efectos colaterales del adelanto electoral.

Se quedan en el tintero la Ley de familias, que recogía nuevos permisos retribuidos para el cuidado de hijos, padres y convivientes, la ley ELA que promueve mejoras para los pacientes con esta enfermedad, o la Ley de Salud Mental y la Ley del Cine.

Seguirá sin salir adelante la Ley de secretos oficiales, que lleva años en el cajón y que pretende reducir los plazos para desclasificar la información reservada.

Y decae también, la Ley de defensa del cliente financiero, a la que solo le quedaba el visto bueno del Senado. Esta contenía medidas para que los bancos cumplan con sus obligaciones.

No se podrá tramitar, además, una de las promesas de Pedro Sánchez en campaña, como es el Derecho del olvido oncológico, para que los que hayan padecido cáncer, no tengan que indicarlo al contratar un seguro o pedir una hipoteca.

Por último, tampoco se aprobará la reforma de la Constitución para suprimir el término disminuido y sustituirlo por el de persona con discapacidad.

Paralización de la Ley de Familias

El principal objetivo de la Ley de Familias era dar protección y amparo social a las familias, apoyar la crianza y educación de los hijos y garantizar el derecho a la conciliación familiar.

Esta ley empezaba por reconocer plenamente los distintos tipos de familias existentes y proteger los derechos de los niños y las niñas.

El anteproyecto de esta ley recogía nuevos y conciliadores permisos para el cuidado de hijos o familiares, los derechos entre los matrimonios y las parejas de hecho y la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.

También se recogía hacer extensible la renta de los 100 Euros al mes para los hijos entre 0 y 3 años, para un mayor número de familias.

Ley de Desperdicio alimentario

Esta ley estaba a falta de aprobación en el Senado para evitar el desperdicio de más de 1.300 millones de kilos de comida en toda la cadena de producción.

Ley del Cine y cultura audiovisual

La Ley de Cine y Cultura audiovisual estaba muy avanzada a falta de su aprobación en el Senado. Pretendía la consolidación de España como plataforma de inversión y exportación de productos audiovisuales.

Ley de derecho al olvido oncológico

El derecho al olvido oncológico busca que las personas que hayan padecido un cáncer a lo largo de su vida no tengan que justificar su historial en el momento en que decidan contratar un seguro de vida, pedir cualquier tipo de préstamo o una hipoteca.

Con esta ley se pretendían “declarar nulas todas las cláusulas basadas en los antecedentes oncológicos que excluyan o que discriminen a la hora de contratar productos o servicios”, o “evitar que se puedan tener en cuenta los antecedentes oncológicos del asegurado para imponer condiciones más gravosas en los contratos de seguros, o “establecer, por primera vez, el derecho a no declarar que se ha padecido cáncer cuando se vaya a contratar un seguro vinculado a un préstamo hipotecario”.