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El pasado miércoles se aprobaba en el Parlamento Andaluz la primera Ley de Economía Circular en España. Norma que comenzará a estar en vigor a finales de mes de abril.
La aprobación de la Ley de Economía Circular se plantea como un mecanismo legal que busca la adecuada gestión de recursos. Para ello se centrará en el cuidado del medio ambiente y de la sociedad en general.
En concreto, esta ley busca la sostenibilidad en sus tres vertientes, centradas en el cuidado del medio ambiente, la economía y la sociedad. Supone una acción de cambio destinada a convertir los residuos en recursos.
En la siguiente tribuna profundizaremos sobre los aspectos fundamentales de la ley y en como favorecerá el cumplimiento de una Andalucía más sostenible.
Novedades de su aplicación
La aprobación de la Ley de Economía circular tiene el objetivo de conseguir una eficaz reutilización de los residuos. Para ello, la idea es centrarse en la reintroducción de residuos dentro del propio ciclo productivo.
Es decir, la conversión de los residuos en productos, minimizando el impacto medioambiental y la lucha contra el cambio climático.
Esto se traduce en una reducción de las materias primas iniciales utilizadas, una reducción de los residuos generales y como consecuencia una reducción del impacto medioambiental.
Esto también se traduce en una reducción de los costes de producción y por tanto de un control de los costes del producto y el margen de beneficio potencial.
Además, a nivel laboral, se traduce en nuevos modelos de negocio, centrados en el emprendimiento y en nuevas formas de crear empleo, mediante una forma en la que el cuidado del medio ambiente sea el objetivo principal.
Su implantación se rige a través de la Oficina de Economía Circular, que será la encargada de tener un control de carácter asesor, coordinando todo lo que tenga que ver con la norma.
Esta ley se desarrolla en 94 artículos a través de 7 títulos, donde a parte de prever la creación de la Oficina de Economía Circular, se prevé la creación de una estrategia para la economía circular.
Mecanismos de aplicación
Para lograr los objetivos de sostenibilidad, la norma plantea una serie de instrumentos centrados en la planificación de ámbito local. De manera que se logre una correcta gestión de los diferentes residuos.
Esto va a facilitar una correcta contratación pública ecológica, donde se prestará especial atención a los criterios ambientales en el desarrollo contractual, por parte de las entidades públicas.
La finalidad de las diferentes organizaciones es simple. Deben de buscar aquellos recursos derivados de residuos y tener la capacidad de situar en el mercado estos “nuevos recursos” a disposición de los posibles compradores.
Además, se desea que los fabricantes evalúen los ciclos del producto y procedan a su registro dentro del conocido Registro Público Andaluz. Con esto, se quiere que los fabricantes consigan vender su producto, no solo por el producto en sí, sino por por el atractivo de la reutilización del producto.
Objetivos de la Ley
La aplicación de la normativa será de aplicación para entidades de cualquier ámbito, como local o privado o en general para el conjunto de la sociedad. Permitiendo así que este modelo sea de aplicación para el resto de los sectores.
Como novedades se plantea lo siguiente:
- Reducción de los requisitos para que las inversiones en economía circular se establezcan como interés estratégico
- Se prevén bonificaciones fiscales para aquellos productos que se reutilicen a través de diferentes procesos.
- La creación de un registro de inscripción voluntaria, donde las organizaciones declararán el coste del ciclo de vida del producto.
- Además, con la entrada de la norma los nuevos edificios tanto destinados a viviendas como a servicios públicos se regirán bajo criterios de eficiencia de suministros.
- Por otro lado, se prohibirá la entrada de residuos que procedan fuera de Andalucía.
Estas son algunos de los objetivos, donde su aplicación, también se centrara en el consumo de proximidad y el ofrecimiento de piezas de repuesto por parte de los fabricantes para el cuidado de los objetivos generales.
En caso de no cumplir con estas leyes, se establecen sanciones entre los 30.000 y los 120.000 euros. Además de la posibilidad de cierre temporales o inhabilitaciones de centros.
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