¿Qué supone la aprobación del uso de las lenguas cooficiales?

Desde el 21 de septiembre, maneras distintas de decir lo mismo se han colado en la actividad parlamentaria. Esta nueva aprobación de la modificación del Reglamento del Congreso sobre el uso de las “lenguas que tengan carácter de oficial en alguna comunidad autónoma“, no ha dejado indiferente a nadie.

Los grupos parlamentos Socialista, Plurinacional SUMAR, Republicano, Euskal Herria Bildu, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto que lanzaron la petición, hoy, pueden hacer uso del nuevo apartado 3, del artículo 6, del mencionado Reglamento:

“Los Diputados y las Diputadas tendrán el derecho de usar en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria, incluidas las intervenciones orales y la presentación de escritos, cualquiera de las lenguas que tengan carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía”.

Por lo que tanto el castellano como las lenguas cooficiales de las Comunidad Autónomas, ya forman parte de los debates de los plenos, de la Diputación Permanente y de las comisiones que no tenga carácter secreto.

Las modificaciones para el uso de las lenguas cooficiales

Tras este cambio, al que todavía hay que acostumbrar, son varios los aspectos que, el que los diputados puedan hablar en la lengua cooficial que deseen, han cambiado o van a cambiar.

Como punto de partida, y como ya hemos adelantado, se podrá hacer uso del catalán, el euskera, el gallego y el valenciano. Aunque, no está de más recordar aquí la existencia de documentos oficiales en los que se establece la cooficialidad del aranés y otorgan una especial protección a otras lenguas regionales o minoritarias como el bable.

Esta modificación comporta un plurilingüismo que, a su vez, conlleva su uso a efectos no solamente de debates, sino en presentación de escritos en el Registro de la Secretaría General del Congreso, traducciones de propuestas publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, reproducción de las palabras de los parlamentarios tanto en la lengua en que se hubiesen pronunciado como en castellano.

¡Y sí! Van a ser necesarios traductores dentro de las sesiones parlamentarias que tengan lugar. No obstante, cabe tener en cuenta que esto se lleva haciendo en el Senado desde 2011 para la presentación de documentos escritos, siempre que vayan acompañados del texto en castellano, y en exposiciones orales, aunque debe de hacerse en los casos tasados.

Lenguaje inclusivo de género

Por otro lado, entre las modificaciones que afectan a un total de seis artículos del Reglamento del Congreso de los Diputados de 10 de febrero de 1982, también se hace alusión, mediante la Disposición adicional primera, a llevar a cabo una revisión del texto del Reglamento del Congreso para adecuarlo al lenguaje inclusivo de género. Algo que ya se puede observar en la redacción del punto 3, del artículo 6, al que se ha hecho referencia al principio.

¿Qué opina la Unión Europea?

Conviene partir de que el 13 de diciembre de 2004, el Gobierno español ya solicitó la incorporación de las lenguas cooficiales a la Unión Europea, incluyendo en ese intento al valenciano. ¡No tuvo éxito! 

En 2023, tras la situación actual, lo ha vuelto a intentar. La solicitud para dar oficialidad al uso de las lenguas cooficiales no está teniendo la mejor cogida en la Unión Europea, pues hay que partir del hecho de que ya existen 24 idiomas oficiales para un total de 27 Estados Miembros, teniendo en cuenta los costes económicos que traducir a todas esas lenguas conllevan.

Aunque España se ha ofrecido para asumir todos los gastos derivados de esta incorporación, la Unión Europea no tiene claro el impacto que esto pueda tener sobre el funcionamiento de esta, algo para lo que se necesitan informes, datos y más claridad, por lo que, por lo momento, esta decisión queda aplazada, incluso, tras el intento de querer priorizar solo el uso del catalán.