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La compra de empresas extranjeras es una práctica que lleva realizándose desde que se inició la globalización. Se tratan de decisiones estratégicas, como lo son que las empresas más grandes acaben comprando pequeñas empresas locales que empiezan o tienen el potencial de convertirse en su competencia.
Durante un proceso de internacionalización, las empresas tienen un gran abanico de opciones para introducirse en un nuevo mercado:
- Crear una nueva filial
- Abrir una sucursal
- Crear una joint venture, etc.
Pero también existe la posibilidad de comprar una empresa extranjera.
Ventajas y desventajas de comprar una empresa extranjera
Aunque puede resultar más caro que el resto de las opciones, la empresa internacional ya contaría con una empresa conocida en el mercado extranjero, por lo que podría suponer un ahorro considerable en marketing y podría crecer en el mercado más rápido.
Como hemos dicho antes, la mayor desventaja de la compra de empresas es su elevado coste de compra debido al fondo de comercio (diferencia entre el precio pagado y el valor real de la empresa), y no todas las empresas están dispuestas a pagar dicho precio.
Por ello no es de extrañar que muchas empresas con intenciones de compra se fijen en aquellas que presentan una situación económica delicada, o directamente que estén al borde de la quiebra.
De esta forma, las grandes empresas pueden comprar otras empresas a precio de rebajas.
Ayudas a la compra de empresas extranjeras en España
Durante el gobierno de José María Aznar (5 de mayo de 1996-17 de abril de 2004) se quiso impulsar esta práctica entre las grandes empresas españolas para potenciar su influencia en el mercado extranjero.
Para ello, el presidente junto a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda durante su gobierno, permitieron a las empresas deducirse fiscalmente del impuesto de sociedades, el conocido como fondo de comercio.
Recordamos que es el fondo de comercio, es la diferencia entre el precio que pagamos y el valor real de la empresa comprada.
El precio, evidentemente, es superior al valor real de la empresa, ya que no solo compramos los activos, también su cartera de clientes, la propia marca de la empresa, adquirimos otros contactos como los proveedores locales, etc.
Sin embargo, las ayudas fueron más allá y desataron polémica en la Comisión Europea.
La intervención de Bruselas
Las ayudas no se limitaban a la compra total de empresas extranjeras, sino que bastaba con la adquisición del 5% de sus participaciones, siempre y cuando las mantuviese en su cartera al menos un año.
De esta forma, las ayudas fomentaban que las empresas españolas pudiesen comprar participaciones de otras grandes corporaciones extranjeras, pudiendo influir en su toma de decisiones.
Por esta razón, la Comisión Europea consideró que estas ayudas eran ilegales, exigiendo hasta en dos ocasiones que España recuperase dos de las ayudas prestadas (En 2009 y 2011).
A pesar de esto, no consideró todas las ayudas ilegales, ya que permitió la aplicación de estas ayudas en un determinado número de casos.
Evidentemente, España y las empresas implicadas recurrieron la decisión, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia en 2021, dando la razón a la comisión y declarando ilegales las ayudas.
Las ayudas de España se amplían
Por otro lado, en 2012, el presidente Mariano Rajoy junto a Cristóbal Montoro (Repitió como ministro de Hacienda durante los gobiernos de Aznar y Rajoy) ampliaron las ayudas a la compra indirecta de participaciones de empresas extranjeras a través de la compra de participaciones de sociedades Holding.
No se trataba de una nueva norma ni de una actualización de la norma de 2002, sino una nueva interpretación que permitía aplicar las ayudas en más casos.
Por supuesto, la Unión Europea declaró estás ayudas también ilegales en 2014 y exigió a España que recuperase todas las ayudas prestadas.
Sentencia final
No fue hasta el pasado 28 de septiembre de 2023, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia sobre las ayudas indirectas a la compra de empresas extranjeras.
Al contrario que la anterior decisión, aquí el tribunal le dio la razón al gobierno de España y declaró ilícita la anulación de estas ayudas.
El recurso que presentó el gobierno de España fue que la Comisión Europea consideró que se trataban de una ayuda nueva, es decir, diferente a la creada en 2002, cosa que no era cierta, ya que simplemente se trataba de una nueva interpretación de la norma de 2002.
Por ello, el tribunal le dio la razón al gobierno de España y las empresas implicadas en las ayudas. Aunque todavía es pronto para cantar victoria porque la Comisión Europea puede acudir de última instancia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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