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¿Conoces todos los detalles del conflicto en la cobertura sanitaria de más de 1,5 millones de funcionarios públicos en España? MUFACE (Mutua General de Funcionarios Civiles del Estado), las aseguradoras que trabajaban para ella y el Gobierno de España, son, sin duda, los grandes protagonistas de un conflicto que mantiene en vilo la sanidad privada de muchos trabajadores públicos del país.
Si quieres conocer todos los detalles de en qué consiste y cómo se está desarrollando el conflicto en la cobertura sanitaria de estos trabajadores, en INEAF, te lo contamos todo. ¡Vamos!
¿Qué ha ocurrido con MUFACE?
Desde hace algunos meses, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) se ha convertido en el centro de una polémica sobre la sanidad privada de más de 1,5 millones de funcionarios públicos de todo el país. Y es que, precisamente, se han producido negociaciones muy tensas y sin resultados aparentes entre el Gobierno de España -que financia este sistema-, las aseguradoras que trabajan para MUFACE -DKV, Asisa y SegurCaixa Adeslas-, y la propia Mutua.
El sistema de MUFACE permite a los funcionarios elegir entre recibir atención sanitaria a través del Sistema Nacional de Salud o de aseguradoras privadas que colaboran con la mutua, como DKV, Asisa y Adeslas.
La licitación del servicio de MUFACE para los funcionarios españoles vence a finales de este año y, por lo tanto, las negociaciones son necesarias. A partir del próximo año, el Gobierno de España deberá tener operativa una opción para la sanidad privada de estos funcionarios. Sin embargo, por el momento, no se ha producido el acuerdo entre los protagonistas del conflicto en la cobertura sanitaria.
¿Pero qué opinión tienen los distintos actores del conflicto?
Falta de acuerdo entre MUFACE y el Gobierno español
El Gobierno de España propuso, para la próxima licitación, “una subida de la prima del 14% para los próximos dos años”, que se ha convertido en un 17,12% en el Consejo de Ministros de este martes. Sin embargo, se trata de una cifra muy lejana a la subida del 24% que había solicitado MUFACE en los últimos meses y, todavía más lejana, del 40% que exigían las aseguradoras.
Sin duda, este conflicto entre MUFACE, las aseguradoras y el Gobierno de España pone de manifiesto un problema muy común y mucho más amplio: ¿Realmente la colaboración público-privada en el sistema sanitario es efectiva y necesaria? Durante muchos años, los funcionarios públicos han tenido acceso a la sanidad privada a partir de acuerdos financiados por el Estado español. Es decir: gracias a una colaboración de lo público con lo privado. Sin embargo, desde hace algún tiempo, esta relación se ha vuelto más inestable y polémica.
Por un lado, los funcionarios públicos no consideran suficiente ni atractiva la propuesta de MUFACE. Por otro lado, las aseguradoras aseguran que se trata de un “modelo inviable” y cada vez son menos los profesionales que deciden trabajar para MUFACE.
La posición de las aseguradoras
Las aseguradoras que, en la última licitación, decidieron trabajar junto a MUFACE por la sanidad privada de 1,5 millones de funcionarios públicos también tienen mucho que decir. En concreto, se trata de DKV, Asisa y SegurCaixa Adeslas, quienes mostraron su profundo rechazo a la propuesta del Gobierno de España de aumentar la prima un 14%. Tanto es así que llegaron a exigir un aumento del 40%. Su finalidad no es otra -según dicen- que “cubrir los costes y mantener la rentabilidad de sus operaciones con MUFACE”.
En este sentido, aseguran que existe una baja rentabilidad de los concierto actuales: SegurCaixa Adeslas, por ejemplo, reportó pérdidas de 100 millones de euros en 2023 debido a su concierto con MUFACE. En rasgos generales, y según detallan desde la Mutualidad, el actual modelo de MUFACE le supone a las aseguradoras unas “pérdidas de 200 millones de euros al año”.
Aunque el Ejecutivo ya ha afirmado una subida del más del 14%, esta continúa siendo muy lejana a la propuesta de las aseguradoras, por lo que el conflicto todavía está en el aire.
Un millón y medio de funcionarios públicos, sin seguro de salud
El conflicto entre el Gobierno, las aseguradoras y MUFACE está poniendo en riesgo la cobertura sanitaria de 1,5 millones de funcionarios públicos en España. La falta de acuerdo en las negociaciones sobre el convenio para los próximos dos años ha generado una creciente preocupación, ya que existe la posibilidad de que estos empleados públicos se queden sin seguro de salud privado si no se alcanza un compromiso.
Ahora, la falta de acuerdo entre las partes ha generado el riesgo real de que, si las negociaciones no se desbloquean, esto supondría un cambio drástico en las condiciones de su atención sanitaria, ya que muchos tendrían que pasar a depender exclusivamente del sistema público de salud.
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