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Las polémicas declaraciones del comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, el húngaro László Andor, defendiendo la creación de un “contrato único abierto” en España, han levantado una polvareda considerable. En primer lugar, por el foro donde fueron realizadas, unas jornadas sobre la “Garantía Juvenil”, organizadas por el Consejo de la Juventud de España (CJE), un ámbito que no parece el más adecuado para este tipo de propuestas. Por otra parte, por las reacciones que ha despertado, casi todas contrarias, a excepción de las de UPyD y algunos expertos.
La sugerencia de Andor, calificada en un primer momento de “recomendación de Bruselas” y matizada días después por el propio dirigente comunitario, pretende la puesta en marcha de una nueva modalidad contractual que sustituya a todas las vigentes actualmente, con el objetivo manifiesto de zanjar la dualidad de nuestro mercado de trabajo. La dualidad es un fenómeno típico de los estados de bienestar europeos, en los que existen dos segmentos muy diferenciados dentro de la fuerza de trabajo: aquel formado por los trabajadores más protegidos, ocupados en empresas grandes y muy sindicalizadas, generalmente de mayor edad; y otro integrado mayoritariamente por la población femenina, los jóvenes, los inmigrantes o los desempleados de larga duración, más desamparados en cuanto a sus condiciones salariales y de protección social, habitualmente bastante precarias.
Hay voces que aseguran que esta situación perjudica negativamente la eficiencia de nuestro modelo productivo, primando a aquellas empresas que emplean a personal más protegido y menos cualificado, las mismas que prescinden paralelamente de los asalariados temporales, con frecuencia los mejor formados. Otro de los efectos del círculo vicioso de la dualidad puede ser el “arrinconamiento” de estos colectivos en los márgenes del sistema, privados de la redistribución de la renta, principal razón de ser del “Welfare State”.
La medida del contrato único, planteada desde hace años por lobbys como FEDEA o Politikon, fue incluida en el programa electoral de 2011 de UPyD, la única formación política con representación parlamentaria que ha apoyado la propuesta del comisario de Empleo. Sus promotores afirman que el contrato único, indefinido por defecto y con una indemnización progresiva en el tiempo, permitiría igualar los niveles de protección social de los sectores “insiders” y “outsiders”, facilitando la integración de estos últimos en el mercado laboral y potenciando tanto la productividad empresarial como la “flexiseguridad” (costes de despido minorados y prestación por desempleo elevada).
Como decíamos antes, la iniciativa de Andor ha encontrado también muchos detractores: el Gobierno la ha tildado de “inconstitucional”, la patronal de “atrevida” y los sindicatos de “invitación al despido libre y barato”. Diferentes juristas entienden que su puesta en marcha se llevaría por delante la dualidad, eso sí, a costa de la precarización masiva de nuestras relaciones laborales, por lo que resultaría peor el remedio que la enfermedad. Incluso han rebautizado el concepto, denominándolo “contrato indefinidamente temporal”.
Personalmente, opino que el globo sonda del responsable europeo debemos contextualizarlo dentro de un marco concreto: la estrategia de presión de la Troika sobre los países sureños de la UE, el “caballo de batalla” que puede dilucidar el destino del proyecto comunitario. Dudo que su aplicación práctica sea ninguna panacea y sirva para disminuir el paro y aumentar la competitividad de nuestras empresas.
Únicamente instituyendo herramientas de financiación adecuadas, que permitan que fluya el crédito hacia las pymes y los autónomos, se podrá conseguir crear empleo y superar la dependencia de la construcción y la hostelería. El envite es la articulación de un nuevo modelo productivo, afianzado en la protección social de los trabajadores y la revolución tecnológica de las empresas.
Autor: Sansdstein. Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
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