Desde hace años España es noticia en el mundo, y no solamente debido al éxito de nuestro deporte, sino también, y por desgracia, a la mala situación de nuestra economía. En estos días se ha sabido que estamos a la cabeza de la economía sumergida entre los países desarrollados, pero, ¿qué es la economía sumergida?, ¿cómo afecta a un país?
La economía sumergida es aquella parte de la actividad económica que discurre al margen de los registros, las estadísticas y los controles oficiales. Es el conjunto de todas aquellas actividades económicas que debiendo formar parte del producto interior bruto (PIB) no se incluyen en su cómputo, por no figurar inscritas en los registros oficiales. Los empresarios que la practican lo hacen aprovechándose de una situación económica de desempleo, con el propósito deliberado de eludir el pago de impuestos, las cuotas de la Seguridad Social, o dar cumplimiento a la normativa legal que afecta al desarrollo de su actividad.
¿Cuáles son los datos de economía sumergida en España?
En España no existen datos oficiales sobre el porcentaje del PIB que representa la economía sumergida, pero si existen informes a nivel Europeo (no oficiales) que siguen su evolución, y muestran un importante aumento de la importancia de ésta sobre nuestra economía. Según estos informes, el fraude se sitúa entre el 23% y el 25% del producto interior bruto (PIB), porcentaje que duplica la media de la Unión Europea.
Este mismo informe señala un fuerte incremento en los últimos años, achacable a la crisis económica y sus tasas de desempleo inasumibles.
Aunque es cierto que diversos expertos cuestionan los rankings sobre economía sumergida, debido a la dificultad de análisis de las variables, todos coinciden en que la tasa real de desempleo española es menor que la oficial, precisamente por el empleo “sumergido”.
¿Cómo nos afecta la economía sumergida?
- Perjudica a las finanzas públicas por la disminución en la recaudación, creando las dificultades al Estado, como proveedor de bienes públicos y responsable del bienestar social. Además da lugar al efecto free rider (gorrón) al permitir que ciudadanos que no aportan al Estado se beneficien de los servicios que presta.
También permite que haya gente que, aun trabajando, esté recibiendo prestación de desempleo y no esté cotizando y, por lo tanto, restando a las arcas públicas sin sumar. Evidentemente esto provoca una menor recaudación a través del IRPF o el Impuesto sobre Sociedades.
- Perjudica a las empresas que sí trabajan “legalmente”: los que incurren en fraude son más “competitivos” al tener menores costes, por no pagar seguros sociales o el IVA.
Aunque, por otro lado, también les perjudica, al tener más difícil acceder a ayudas estatales, a beneficios en la contratación; y mayor dificultad para financiarse de forma ajena a la empresa. Por no olvidar el riesgo a una fuerte sanción económica si es descubierta.
- A los trabajadores: los excluye en todo o en parte de la cotización a la Seguridad Social, y, en esta medida, restringe la expectativa de futuros derechos derivados de la contribución previa al sistema, tales como prestación por desempleo o la pensión de jubilación. También genera una desprotección en el caso de enfermedad o accidente.
Siendo, en España, un problema estructural, ¿tiene solución?
1) Primero hay que educar a los ciudadanos en la importancia de mantener el sistema de bienestar social del que disfrutamos, logrando que aquello de que “hacienda somos todos” sea algo más que un chascarrillo.
2) Imponer sanciones más duras para quien trabaje al margen de la ley, sean autónomos o empresas.
3) Algunos economistas como Laffer (y su curva de la felicidad fiscal) han planteado a lo largo de los años que una rebaja de la presión fiscal no solo evitaría un descenso de la economía sumergida, sino una mayor recaudación.
4) Dar más ayudas al emprendedor. Muchos jóvenes debido a la dificultad de poner en marcha su negocio, prefieren trabajar sin estar dados de alta.
Aunque es cierto que se han tomado medidas en este sentido, como abaratar el coste de la seguridad para jóvenes autónomos, siguen siendo insuficientes.
5) Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) instaron al Gobierno a que, en el marco del proyecto antifraude que aprobará el Consejo de Ministros, pongan “la lupa” en descubrir y erradicar las actividades subterráneas, que mueven 245.000 millones anuales, y no tanto en las rentas del trabajo, las grandes corporaciones empresariales, las sociedades instrumentales, los paraísos fiscales y las grandes fortunas.
6) Una colaboración efectiva entre la AEAT y las administraciones tributarias autonómicas y locales, potenciando la corresponsabilidad y el consorcio en la lucha contra el fraude fiscal.
España tiene mucho trabajo por delante, no solo para intentar relanzar la economía, también es fundamental que, para salvaguardar nuestro sistema, se reduzca al mínimo la economía sumergida. Todos lo agradeceremos.