¿Es lícito por parte de la empresa contratar a un detective privado para verificar la baja laboral de sus trabajadores?

La cuestión de si es lícito que una empresa contrate a un detective privado para verificar la baja laboral de sus trabajadores es un tema que involucra diversas consideraciones legales en el contexto normativo español.

Para abordar esta cuestión de manera exhaustiva, es necesario examinar las leyes y regulaciones pertinentes, centrándose en la legislación de seguridad privada y la protección de datos personales.

¿Por qué se contrata a un detective privado?

Por ejemplo, si hay indicios fundados de que un trabajador podría estar realizando actividades incompatibles con su baja médica, la empresa podría considerar la contratación de un detective privado. Supongamos que un trabajador presenta una baja por motivos de salud, pero existen informes de que ha sido visto participando en actividades físicas extenuantes en eventos públicos durante el mismo período.

En este escenario, la empresa podría argumentar que hay sospechas razonables de fraude y que la contratación de un detective privado es necesaria para obtener información adicional. Sin embargo, es fundamental obtener el consentimiento informado del trabajador antes de iniciar la investigación, especialmente al tratarse de datos de salud.

La actuación del detective privado debe ajustarse a la Ley de Seguridad Privada, y la empresa debe evaluar otras opciones menos invasivas, como solicitar informes médicos adicionales, antes de recurrir a este tipo de medidas. La asesoría legal es esencial para garantizar que la actuación de la empresa cumpla con la normativa vigente.

¿Qué dice la legislación sobre los detectives privados?

En España, la actividad de los detectives privados está regulada por la Ley de Seguridad Privada (Ley 5/2014, de 4 de abril), que establece los principios y límites de su actuación.

Según el artículo 5 de esta ley, la actividad de los detectives privados se orienta a la obtención y aportación de información y pruebas sobre conductas o hechos privados, siempre que no constituyan infracciones penales.

Por lo tanto, la contratación de un detective privado por parte de una empresa para verificar la baja laboral de sus trabajadores debe ajustarse a estos principios y no vulnerar la esfera de privacidad de los empleados. Además de la Ley de Seguridad Privada, la protección de datos personales es un aspecto esencial por considerar en este contexto.

La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), en concordancia con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, conocido como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), establece normas específicas para el tratamiento de datos personales en España.

El tratamiento de datos de salud, que es especialmente relevante en el caso de verificar una baja laboral, está sujeto a restricciones más estrictas. El artículo 9 del RGPD prohíbe el tratamiento de datos de salud a menos que se cumplan ciertas condiciones, como el consentimiento explícito del titular de los datos o cuando el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y derechos en el ámbito laboral.

Se debe analizar la contratación del detective privado

En este contexto, es fundamental analizar la licitud de la contratación de un detective privado por parte de una empresa para verificar la baja laboral de un trabajador desde diferentes perspectivas legales:

Justificación razonable y proporcionalidad: Antes de considerar la contratación de un detective privado, la empresa debe contar con una justificación razonable y con indicios concretos que respalden la necesidad de llevar a cabo la investigación. La actuación debe ser proporcional al objetivo perseguido, evitando medidas excesivas que puedan vulnerar la privacidad del trabajador.

Obtención de consentimiento informado: Dado que la baja laboral implica información relacionada con la salud del trabajador, la empresa debe obtener el consentimiento informado del empleado antes de contratar a un detective privado. Este consentimiento debe ser explícito y debe abarcar la recopilación, tratamiento y eventual comunicación de datos de salud.

Base legal para el tratamiento de datos de salud: En ausencia de consentimiento, la empresa debe identificar una base legal específica para el tratamiento de datos de salud. El artículo 9 del RGPD establece que el tratamiento es lícito cuando es necesario para el cumplimiento de obligaciones y derechos en el ámbito laboral, entre otras condiciones. La empresa debe asegurarse de que la contratación del detective privado cumpla con estas bases legales.

Limitación en la recopilación de datos: La recopilación de datos por parte del detective privado debe limitarse a la información estrictamente necesaria para verificar la autenticidad de la baja laboral. La obtención de datos no relevantes para este propósito puede considerarse una vulneración de la privacidad.

Confidencialidad y protección de datos: La empresa y el detective privado deben garantizar la confidencialidad y la seguridad de los datos recopilados. Deben implementarse medidas adecuadas para proteger la información de posibles accesos no autorizados y para garantizar su correcto tratamiento.

Transparencia con el trabajador: En algunos casos, podría ser necesario informar al trabajador sobre la investigación en curso, especialmente si implica la recopilación de datos personales. La transparencia en este proceso contribuye a la legitimidad de la actuación empresarial.

Colaboración con profesionales de la salud: Antes de recurrir a un detective privado, la empresa debería considerar la posibilidad de solicitar informes médicos a los profesionales de la salud encargados de la atención del trabajador. Esta opción puede ser menos invasiva y más respetuosa con la privacidad.

Evaluación de alternativas menos invasivas: La empresa debe evaluar la necesidad de recurrir a un detective privado considerando alternativas menos invasivas. En algunos casos, la colaboración con profesionales de la salud o la obtención de informes médicos pueden ser suficientes para verificar la autenticidad de la baja laboral sin recurrir a métodos de investigación más intrusivos.

Conclusión

La contratación de un detective privado por parte de una empresa para verificar la baja laboral de sus trabajadores puede ser lícita siempre que se ajuste a los principios y límites establecidos por la Ley de Seguridad Privada, la LOPDGDD y el RGPD.

La justificación razonable, la proporcionalidad en la actuación, la obtención de consentimiento informado o el cumplimiento de bases legales específicas son aspectos clave que deben considerarse. Además, la empresa debe asegurarse de respetar la confidencialidad de los datos y explorar opciones menos invasivas antes de recurrir a la contratación de un detective privado.

La asesoría legal especializada es esencial para garantizar que la actuación de la empresa se ajuste a la normativa vigente.