El poder adquisitivo de los pensionistas se verá mermado por la reforma

Como ya anunció la semana pasada, el Gobierno propone que las pensiones suban un mínimo del 0,25% anual, incluso en los años malos para la Seguridad Social, es decir, como el actual y probablemente los próximos.

El Consejo de Ministros ha estudiado un informe con una doble propuesta de ajuste del gasto en pensiones. Por un lado, una nueva fórmula de actualización anual, basada en la salud de las cuentas de la Seguridad Social, y que afectará a todos los pensionistas. El Gobierno pretende desvincularlas del IPC en 2014, y ligarlas a una fórmula matemática que tiene en cuenta, sobre todo, la salud de las cuentas de la Seguridad Social, por lo que será una reforma que, por primera vez, afectará a todos los pensionistas.

El siguiente paso en el trámite de la reforma es que el Consejo Económico y Social evalúe el informe del Ejecutivo. Al mismo tiempo que se cumplen estos trámites, el Gobierno negocia con los sindicatos para poder llegar a un acuerdo.

Estos pasos nos llevan a una única conclusión y es la siguiente, la Seguridad Social se financia, fundamentalmente, de las cuotas que pagan los que tienen un empleo, y si tenemos en cuenta los cálculos obtenidos por la propuesta de ajuste del gasto de las pensiones nos lleva a una pérdida de poder adquisitivo en los próximos años de 1.500 euros anuales de media. Esto quiere decir que en el anteproyecto difundido este lunes calcula que se ahorrarán unos 33.000 millones en nueve años, pero para llegar a esa estimación, la Seguridad Social supone que la inflación solo será del 1% anual en ese periodo, una hipótesis que contrasta con la realidad de los últimos años.

La reforma que plantea el Gobierno de sustituir el sistema vigente por una fórmula, elaborada por un comité de expertos, que vincula las subidas de las pensiones a los ingresos (cotizaciones) y gastos (pensiones) del sistema, lleva asociado un índice al cual se le han incorporado dos topes: un suelo (una subida del 0,25%) en caso de que la fórmula refleje que los ingresos no son suficientes para financiar los gastos; y un techo (inflación más 0,25%), para cuando el sistema arroje superávit.

El caso es que el Gobierno da por hecho que el índice de revalorización reflejará una situación de déficit, como mínimo, hasta 2018, por lo que esta estimación se traduce en unas previsiones de desempleo del 25% y como consecuencia un descenso en las cotizaciones, ya que el número de pensionistas no dejará de crecer. Solo a partir de 2022, según la fórmula, comenzará a reflejar ingresos.

Por tanto, durante ese periodo será donde se concentre la reducción de las pensiones. De acuerdo a la estimación del IPC, para poder recuperar el poder adquisitivo perdido por los pensionistas, tendrán que pasar muchos años.

Las pérdidas de poder adquisitivo que anticipa el Gobierno hasta 2019, con la aplicación de su reforma, exigirían entre 18 años (con una inflación del 1% hasta 2022) y 71 años (si el IPC es del 3%) consecutivos de superávit de ingresos en el sistema de pensiones. Otra demostración más de que la simple aplicación de esta reforma, sin propuestas adicionales, lograría el objetivo de frenar el gasto en pensiones a expensas del poder adquisitivo de los jubilados.

Por otro lado, el primer sindicato vasco -ELA-, considera que desde el próximo 2014 la subida de las pensiones se va a limitar al 0,25% anunciado, y la UGT calcula que los pensionistas verán recortado su poder adquisitivo entre un 20% y un 28% durante los próximos años si el Gobierno sigue adelante con su propuesta.