Para ponernos un poco en situación, el caso Nozar salió a la luz por un informe jurídico encargado por el Banco Ceiss a instancias del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y del Banco de España.
En este informe se debían emitir una serie de conclusiones sobre ciertas operaciones dudosas de Caja Duero. La primera de ellas fue la compra a la constructora Nozar del edificio Titán de Madrid por 55,8 millones de euros en 2008, un importe notablemente superior a su valor de mercado en ese mismo año (según Ceiss el valor de mercado ascendía solamente a 40 millones de euros). Estos 55,8 millones de euros fueron utilizados, entre otras finalidades, a la cancelación de un tercio de la deuda que Nozar tenía con la misma Caja Duero.
La otra operación de dudosa legalidad se realizó un mes después, en abril de 2008, cuando Caja Duero concede un crédito a Nozar de 34,5 millones de euros, utilizando como avalistas a tres sociedades del mismo grupo Nozar con una situación financiera delicada debido a las numerosas pérdidas continuadas.
Nozar presentó un año después concurso de acreedores, llegando a una deuda de 700 millones de euros y, por supuesto, quedando pendiente de pago el crédito que le había concedido Caja Duero.
El último escandaloso revés con lo que nos ha sorprendido la Agencia Tributaria ha sido la aceptación de los convenios propuestos por Nozar en relación al concurso de acreedores presentado. Contra todo pronóstico y contradiciendo la postura de los administradores concursales, de expertos en dicha materia y contradiciendo también la postura que la misma Agencia Tributaria suele tomar en estos casos, se ha decantado a favor de una quita del 75% de la deuda y del cobro de la deuda pendiente dentro de 15 años.
Hacienda es el mayor acreedor en el concurso de Nozar, llegando la deuda pendiente a 176 millones de euros: 88 millones calificados como privilegio general y los 88 millones restantes como crédito ordinario. Siendo acreedor con carácter privilegiado general de Nozar, se podría haber abstenido perfectamente de la votación del convenio, evitando que hubiese salido adelante y hubiendo podido ejecutar garantías para recuperar parte de los 88 millones de la deuda.
Sin embargo, y a pesar de que hasta la administración concursal nombrada por el juez se ha posicionado en contra, la Agencia Tributaria ha aceptado el convenio, arriesgándose a no recuperar prácticamente nada de la deuda pendiente. Si observamos la situación patrimonial de Nozar, podemos ver que existe un déficit de 704 millones de euros y un pasivo total de 1.587 millones de euros. Si además, tenemos en cuenta que se trata de un grupo inmobiliario y que estamos en un contexto económico en el que el sector inmobiliario se ha visto gravemente afectado, la futura viabilidad de Nozar es más que dudosa.
Esta postura tomada por Hacienda es completamente incomprensible pero no acaba todo aquí: el informe de la administración concursal detecta además operaciones “irregulares” sobre el cobro de IVA, señalando operaciones sobre 118 millones de euros correspondientes a pago de IVA de Nozar que no se declararon debidamente en 2008.
Vistos todos estos aspectos, ¿qué es lo que ha llevado a la Agencia Tributaria a tomar esta decisión? Si ya hubo polémica cuando se declaró el concurso de acreedores en su inicio, los últimos hechos convierten a este concurso en uno de los más controvertidos de la última década.
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