Inspecciones de la Agencia Tributaria en el Impuesto sobre Sociedades a Pymes

Hace unos días me sorprendió una noticia sobre una queja que una pareja de novios había realizado contra la Agencia Tributaria por interrumpir esta en su enlace para actuar contra la empresa de catering, dejando a estos sin tarta ni brindis. Solo es una anécdota pero nos hace ver hasta qué punto se nos puede presentar la Agencia Tributaria en nuestro negocio y “darnos un disgusto”.

Nueva campaña de visitas de la Agencia Tributaria

Parece que la falta de personal de la que siempre se queja adolece la Agencia Tributaria no va a ser de nuevo un impedimento para que comiencen las visitas a las pequeñas y medianas empresas, en esta ocasión para controlar el Impuesto de Sociedades (tras haber puesto el énfasis el año pasado en el IVA). Fue en el año 2017 cuando la Agencia dio un fuerte impulso a las visitas presenciales a las sociedades en las que estima puede haber un mayor volumen de fraude, principalmente por realizar muchas operaciones en metálico.

La actuación comenzó hace unas fechas con la remisión de una carta en la que se avisa de la posible desviación que se produce entre el impuesto de sociedades que se ha presentado y la media del sector al que pertenece la empresa. Carta que, como el Registro de Economistas y Asesores fiscales advierte, son difíciles de interpretar y comprender por las empresas. A pesar de que Hacienda insiste en que el hecho de recibir la comunicación no significa que automáticamente vaya a haber una inspección y aseguran que la intención del escrito es la de informar y avisar de posibles errores en la formalización de los impuestos, lo cierto es que el hecho de recibirla nos debe poner en alerta y nos genera un miedo fundado.

¿Qué busca Hacienda con estas actuaciones presenciales?

Como es sabido el grado de economía sumergida en nuestro país es más que elevado, escandaloso y a pesar de ello parece que nos habíamos acostumbrado a él. Con las inspecciones que se realizaron desde el año 2017 de cara al IVA se consiguió, además de los expedientes correspondientes a aquellas sociedades que habían presentado las autoliquidaciones errónea o fraudulentas, aumentar en más de un 10% el importe de las autoliquidaciones posteriores. Se consigue por tanto una afloramiento de las declaraciones y que deje de ser sumergida parte de la actividad de estas sociedades.

¿A quién vigila más de cerca?

Es cierto que, de momento, quienes han sido objeto de un mayor control han sido las personas jurídicas más que los autónomos pero esto comienza a cambiar.

El foco de atención ahora se centra en aquellas pymes que tienen cuentas en el exterior y por otro lado, a las sociedades de alquileres turísticos que han sufrido un desarrollo exponencial en los últimos años.

Otro plan de actuación, quizás motivado por casos conocidos de famosos, deportistas e incluso ministros, será el referido a las sociedades profesionales. Se trata de aquella sociedad que crea un profesional para canalizar parte de los ingresos generados por su actividad y que sin embargo carece de cualquier tipo de estructura y por tanto nada tiene que ver con los ingresos que se declaran. Lógicamente lo que se pretende con la creación de estas sociedades es disminuir la carga impositiva gracias a la diferencia de tipos que se produce entre el IRPF y el Impuesto de Sociedades.

El control también se va a centrar este 2019 en medidas de rastreo relacionadas con el comercio electrónico dentro del plan especial contra el fraude.

No es de extrañar que la cifra que se baraja de incorporación de inspectores y subinspectores a esta labor empiece a acercarse al millar de funcionarios y aun así se estima que en España tenemos un empleado (de la Agencia Tributaria) por cada 2.836 ciudadanos y que para igualarnos a la media europea nos faltarían unos 25.000 empleados más. No sé si algún día llegaremos a estas cifras pero lo que sí está claro en que la intención es que el fraude de la economía sumergida que está en el doble que el resto de Europa, deje de formar parte de nuestra cultura y sea tratado como lo que es, un delito.