La controversia del impuesto sobre los depósitos bancarios

El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció hace unos días en unas declaraciones a “El Economista” que las comunidades autónomas que así lo deseen podrán aplicar un impuesto a la banca, en función del volumen de sus depósitos bancarios en la región.

Veamos de qué trata exactamente este impuesto.

Se trata de un impuesto directo, que grava el mantenimiento de fondos de terceros por entidades de crédito o sucursales que operen en el mercado español. Este impuesto está recogido por una enmienda de la Ley de Medidas Tributarias que acompañó a los Presupuestos de 2013.

Lo cierto de este asunto es que este impuesto lleva algunos meses creando controversia. En un principio, cuando se introdujo esta Ley de Medidas Tributarias, el gravamen de este impuesto era del 0% evitando así que las autonomías que ya lo habían implantado (Andalucía, Extremadura y Canarias) pudieran seguir recaudándolo. También se evitaba que se extendiera a otras comunidades como estaba sucediendo con Cataluña y Asturias.

Se interpuso un recurso contra todos estos impuestos regionales ante el Tribunal Constitucional, que los suspendió cautelarmente. Seguidamente, las autonomías recurrieron al impuesto estatal en un intento de evitar competencias desleales o traslados de masas de ahorro, según explicaba en sus declaraciones Cristóbal Montoro.

Más tarde, después de varias resoluciones del Tribunal Constitucional, se ha levantado la suspensión cautelar. Se vuelve pues a plantear la situación inicial, estableciéndose un gravamen del impuesto nacional del 0,02%. Con ello, se prevé una recaudación de entre 250 y 300 millones de euros.

“Se establece un gravamen del 0,02% y se recaudarán entre 250 y 300 millones de euros”

“No quiero que se convierta en un elemento discriminatorio, en un debate político que no corresponde a un estado de autonomías que debe avanzar en la corresponsabilidad fiscal  y  no puede ser que un impuesto que no es muy importante se convierta en motivo de confrontación”, aseguró el ministro.

Explica, además, que “se trabaja en todas las hipótesis  y estas  pasan por ser más flexibles  con la aplicación autonómica del impuesto”.

Por tanto, nos encontramos con  un impuesto que recae sobre las entidades financieras en función del número de depósitos que mantengan en cada momento. Pero mi pregunta es: ¿recaerá en los consumidores? Me temo que es lo más probable. La entidad bancaria, previsiblemente, minorará la rentabilidad de los depósitos o aumentará las comisiones para poder cubrir esta imposición. Por mucho que nuestro ministro nos haga creer que se trata de un impuesto “sin importancia”, es cierto que siempre terminamos pagando los consumidores, en este caso nuestros ahorros.