958 050 207 
Hace unos días, en la página del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se publicó una carta abierta -“La lucha contra el fraude laboral es responsabilidad de todos“- de la Ministra Fátima Báñez. En la misiva hacía un recorrido por los logros del Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal. Proporciona datos sobre el aumento de las inspecciones de empleo irregular y los empleos que han aflorado gracias a estas inspecciones; el ahorro en prestaciones por desempleo al detectar los fraudes; o la lucha contra las empresas ficticias.
Hasta aquí nada extraño. Pero en los últimos párrafos de esta carta abierta, encontramos las siguientes palabras de la Ministra:
“[…] Todos debemos involucrarnos en el objetivo común de erradicar el fraude.
Por ello, en la página web del Ministerio, se ha previsto un buzón en el que los ciudadanos pueden notificar este tipo de conductas fraudulentas e insolidarias para que sean objeto de análisis y, en su caso, de investigación por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
“Las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de atajar un problema que nos concierne a todos, pero si la ciudadanía no toma conciencia de la importancia de colaborar en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, para que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda actuar de inmediato, acabar con esta lacra será una tarea mucho más ardua […]”.
“El Ministerio debería centrarse en luchar contra el fraude aumentando el número de inspectores, por ejemplo”
Desde el Ministerio de Empleo deberían centrarse en luchar contra el fraude con medios propios –aumentando el número de inspectores o descentralizando algunas competencias, por ejemplo-, los medios que proporciona un Estado de Derecho a la Administración, y dejarse de incitar el chivatazo. La “cultura de la delación”, que tan bien le ha funcionado y le funciona a algunos regímenes autoritarios, entraña peligros y consecuencias que la Ministra creo que no ha ponderado y que si ha ponderado, mal vamos. Por no hablar de la hipocresía que supone una medida de este tipo después de una amnistía fiscal por la que, según hemos ido viendo, se han “colado” todo los delincuentes económicos de nuestro país.
La Ministra haría bien dejando de intentar convertir a los ciudadanos en “gargantas profundas”, y aumentando los medios para luchar contra el fraude, en lugar de criminalizar a desempleados, autónomos o pequeños empresarios.
agosto 12th, 2013
Estoy bastante de acuerdo contigo Eduardo. Lo que le hace falta a este país es mas funcionarios competentes que afiancen una administración pública capaz de velar por los intereses de los ciudadanos. ¿Que es eso de inventarse un régimen de módulos para pequeños comercios como bares, estimando sus ingresos por el numero de empleados, mesas, sillas, y metros de barra?. Este sistema ha hecho que se defraude x 1000. y se hubiese ahorrado más sacando mas plazas de inspectores, pudiendo contar con un equipo técnico mas eficiente. En materia laboral pasa lo mismo. Si hubiese mas inspectores por provincia o incluso por localidad, se podría hacer una inspección de trabajo más rutinaria, y gracias a estas inspecciones concienciar a los comercios a regularizar su situación laboral. Hace 15 años nadie llevaba casco en la moto. Desde que te crujen 200 euros por no llevarlo, a poca gente he visto sin casco.
Un saludo, me encanta vuestra página.
agosto 12th, 2013
Una nueva medida más del “divide y vencerás” que el gobierno nos viene aplicando. Una nueva muestra del cinismo desmedido con que nuestros políticos pretenden entretenernos para que miremos hacia otro lado mientras ellos ganan tiempo para tratar de lavar todos los trapos sucios que se les amontonan en los despachos de Génova. Una medida que recuerda los tiempos de la guerra civil, cuando se daba pábulo a denuncias infundadas con tal de arañar unos metros de parcela al vecino. ¿Acaso podemos esperar otra cosa de una clase política tan ineficaz y tan fiel a los viejos y rancios mecanismos del pasado?