La Reforma de la Administración Local

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 26 de julio el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración  Local. Esta norma se ampara en el artículo 135 de la Constitución que garantiza la estabilidad financiera y presupuestaria, clarificando las competencias municipales.

Después de los casos de corrupción en numerosos ayuntamientos, el dudoso destino de los fondos públicos locales y el sobrecoste que ha tenido para la administración central refinanciar a la administración local, ha forjado una imagen de desconfianza que venía aclamando una reforma inminente.

La ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que  el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, califica como “reforma premunicipalista”, pretende basarse en el principio de “una administración, una competencia”.

A la espera de los resultados y la repercusión positiva o negativa que pueda llegar a tener,  vamos a analizar los principales puntos de la reforma.

Clarificación de la competencia municipal para evitar duplicidades

La práctica de las “competencias impropias” por parte de municipios que realizan actividades fuera de su ámbito, dan lugar a duplicidades; con el consecuente sobrecoste público local de 13.223 millones según el IEF.

Con esta reforma se pretenden definir las competencias propias de cada ente local para evitar estas  duplicidades y así poder crear una administración eficiente y con menor coste público.

Racionalización de las estructuras locales

Para conservar los principios de estabilidad, sostenibilidad y eficiencia,  se han adoptado medidas como:

• Potenciación de las diputaciones provinciales para coordinar “servicios mínimos obligatorios” de municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
• Las entidades locales de inferior ámbito a los municipios deberán presentar sus cuentas ante el Estado y las comunidades autónomas en el plazo de 3 meses, con la integración inmediata a los ayuntamientos en caso de que no lo hagan.
• Creación de una serie de incentivos para las fusiones voluntarias de municipios que sean colindantes dentro de la misma provincia.
• Gestión coordinada de servicios de los municipios. Si derivada de dicha gestión se generarán una serie de ahorros mínimos, recibirán mayor financiación.
• Transparencia en la gestión pública local. Con esta medida se reestructura, en función de la población, el sistema retributivo de los cargos públicos:

Límite de cargos representativos locales en régimen de dedicación exclusiva

• Profesionalización del empleo público local mediante la preferencia de funcionarios de carrera.

Garantizar un control financiero y presupuestario

Mediante la comunicación de información anual al Tribunal de Cuentas del coste efectivo de los servicios se pretende establecer un control financiero y garantizar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.

Favorecer la actividad económica local

Salvo que de manera justificada se requiera, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia para favorecer el incremento de productividad económica local.

Ahorro

El reflejo económico de todo lo anterior finaliza con una estimación de ahorro de unos 8.000 millones de euros para el periodo entre 2013 y 2019.

En definitiva, parece un proyecto prometedor que pretende crear una administración local transparente y competente pero tendremos que esperar algunos años todavía para comprobar si cumplirá los objetivos propuestos o bien se ira desvirtuando con el tiempo o si, simplemente, no tendrá efecto alguno.