La reforma de la Ley General Tributaria: Lucha contra el fraude fiscal

El día 17 de diciembre de 2013, la Ley General Tributaria, cumplirá diez años desde su aprobación. Tras este período de vigencia, Hacienda estudia una profunda reforma de la ley, para reforzar la lucha contra el fraude fiscal que tan buenos resultados está dando.

Estamos hablando de una cifra de 5.034 millones de euros que se han recaudado este primer semestre gracias a los planes antifraude, con la apreciación de que dicha recaudación proviene de ejercicios posteriores a la crisis económica iniciada en 2008.

Dicha importe recaudado, se desglosa en los siguientes aspectos:

-4.587 procedentes de actuaciones directas de prevención y control

-El resto se deriva de declaraciones extemporáneas voluntarias, de regularización de situaciones fiscales.

Es por ello,  que reforzar la lucha contra el fraude fiscal es una prioridad que puede favorecer la recaudación por parte del estado.

Con este motivo, se pretende realizar una reforma de la Ley General tributaria que abordaría las siguientes cuestiones:

1. Inspección tributaria:                           

El período de tiempo estipulado para la inspección de una empresa o particular se situaba  en 12 meses prorrogables en casos especiales. El problema radica en que dicho límite era superado por la Administración, quien tiene potestad para suspender el plazo. Comúnmente suele hacerlo cuando el contribuyente se demora en facilitar la información requerida por Hacienda.

Ante este hecho, se ampliará el límite máximo de  la duración de la inspección tributaria, y  se determinarán de una manera clara y concisa en que supuestos la Administración puede suspender dicho plazo.

2. Delitos Fiscales:

Como nueva baza para la Administración y para una mayor agilidad de los procesos, se introduce de manera compatible la vía penal en la vía administrativa. Anteriormente cuando una infracción se consideraba delito fiscal, se paralizaba la vía administrativa iniciándose así la vía penal. Este hecho ralentizaba el cobro de las deudas, haciendo tanto el proceso penal como administrativo arduo y tardío.

Con la ley antifraude de octubre de 2012, se establece que cuando se inicie la vía penal por ser un caso de delito fiscal no se paralice la vía administrativa, pudiendo cobrar la deuda sin perjuicio de la determinación de delito por la vía penal.

3. Tribunales:

En primer lugar,  el problema presencial de  las notificaciones en el domicilio demoraba aún más el procedimiento administrativo, por lo que se recurrirá a la tecnología introduciéndose la notificación electrónica para reclamaciones que se interpongan.

Por otro lado, se  intensificará la  presencia del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) para la unificación de doctrina que apliquen los diferentes Tribunales Económico-Administrativos Regionales (TEAR).

4. Contrabando:                

En materia de delitos fiscales cometidos por contrabando, se  quiere asegurar el cobro de las deudas tributarias y aduaneras derivadas de dicho delito, introduciéndose la vía penal sin paralizar el procedimiento administrativo.

Estas pretensiones ponen de manifiesto una época de cambios. La lucha contra el fraude fiscal, el endurecimiento del código penal, la compatibilidad de procedimientos, y otras muchas reformas establecidas y que  quedan por establecer, han despertado en el contribuyente medio, una actitud que hace 10 años no se veía en nuestra sociedad.

“Hoy en día criticamos al que defrauda”

Años atrás, aquel ciudadano que lograba evadir impuestos era un héroe -¡Ha conseguido engañar a hacienda!- decían muchos, pero no se daban cuenta que los engañaban a ellos. Es verdad que la actitud implacable sin considerar otra cosa más que la ley, convierte a hacienda en un monstruo horrible que nadie quiere ver, pero lo cierto es que el tópico  de que “hacienda somos todos” no es un tópico, sino una realidad.  Se deben respetar nuestros derechos como contribuyentes de la Administración pública a la vez que cumplimos con nuestras obligaciones.

Hoy en día criticamos al que defrauda, estafa, malversa fondos y propicia la economía sumergida que nos ha llevado esta situación.

No por ello quiero decir que no siga habiendo gente de esta calaña, pero ya no se ve una actitud amigable con el defraudador, y todo lo que se traduzca en “antifraude”, contará con mi apoyo.