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El Consejo de Ministros celebrado el pasado 10 de diciembre ha decidido remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que renovará la política industrial, establecerá criterios de colaboración entre las administraciones públicas y organizará el sector.
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, señaló que Europa necesita reindustrializarse y destacó que esto representa una gran oportunidad para España. Según Hereu, el índice de producción industrial en el país crece más del 6%, mientras que el PMI fabricante supera ampliamente los medios europeos. Este avance, explicó, se debe a que la política industrial vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda pública.
La nueva ley reemplazará la normativa de 1992, que ya está obsoleta, e incluirá conceptos claves como descarbonización, digitalización, autonomía estratégica, innovación, talento, igualdad de género, resiliencia, transición ecológica y simplificación administrativa.
Hereu agregó que el objetivo principal de la Ley de Industria y Autonomía Estratégica es impulsar la reindustrialización para promover la equidad social y territorial, fortalecer la autonomía estratégica, atraer inversiones, fomentar la innovación, mejorar la competitividad y avanzar en la transición verde y digital del sector industrial. También busca proteger las capacidades industriales nacionales y proponer alternativas frente a los procesos de deslocalización.
Ley de Industria y Autonomía Estratégica: instrumentos para impulsar la industria
Jordi Hereu destacó que esta ley no solo actualiza la normativa vigente, sino que marca un punto de inflexión para la industria en España. El proceso de reindustrialización y transformación contará con herramientas de política y gobernanza industrial.
Entre los instrumentos de gobernanza, Hereu mencionó la Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica. Esta Ley definirá las líneas principales de la política industrial. Su aplicación se estructurará en un plan estatal de tres años y en estrategias con un horizonte de seis años.
La nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica también creará el Consejo Estatal de Política Industrial (CEPI), un órgano consultivo que coordinará estas políticas desde varios ministerios. Además, se sumarán la Conferencia Sectorial de Industria y PYME, para fomentar la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, y el Foro de Alto Nivel de la Industria Española, que facilitará el diálogo entre el Gobierno y los sectores industriales.
Para atraer inversiones, Hereu destacó los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). Estos proyectos, más allá de los fondos europeos ‘Next Generation’, estarán enfocados en los ecosistemas industriales.
Proteger la industria actual
La nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica no solo busca atraer nuevos proyectos industriales, sino también garantizar la continuidad de las actividades existentes en España. Para ello, establece que cualquier empresa que decida cerrar su actividad industrial deberá notificarlo al Gobierno con al menos nueve meses de antelación.
Durante ese tiempo, el Gobierno, junto con la empresa, los sindicatos y las comunidades autónomas, analizarán opciones para revertir la decisión. Si esto no es posible, se explorarán alternativas que permitan preservar las capacidades industriales del país, explicó el ministro Hereu.
Además, la normativa exige que las empresas que hayan recibido más de tres millones de euros en ayudas públicas durante los últimos cinco años mantengan su actividad y los empleos durante el periodo que establece la ley.
Autonomía estratégica
La nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica incluye medidas para garantizar la capacidad de producir bienes esenciales y estratégicos en España, especialmente durante crisis como la pandemia. Para ello, se crea la Reserva Estratégica de las Capacidades Nacionales de Producción Industrial, diseñada para activarse rápidamente en situaciones de emergencia.
Este mecanismo elaborará un catálogo con productos y capacidades industriales clave. Además, identificará a las empresas capaces de producirlos y firmará acuerdos con ellas. Así, en caso de crisis, estas empresas podrán movilizar su producción para cubrir las necesidades básicas, explicó el ministro.
Protección para la industria intensiva
La Ley de Industria y Autonomía Estratégica ofrece un respaldo especial a las industrias que consumen grandes cantidades de energía, como electricidad o gas. El Gobierno implementará medidas para apoyar su descarbonización y facilitar su transición energética.
Además, la norma refuerza a las pymes, agiliza los trámites administrativos y fomenta los Ecosistemas Industriales Estratégicos.
Jordi Hereu subrayó que esta ley es clave para lograr la modernización, certidumbre y seguridad en el sector. Según el ministro, el texto normativo está diseñado para garantizar eficacia, eficiencia y resultados efectivos.
Ley de Industria y Autonomía Estratégica: nuevas funciones y recursos para la AECID
El nuevo Estatuto renueva el marco normativo de la AECID para adaptarlo a sus responsabilidades actuales, los principios de su trabajo y su estructura interna. En los últimos tres años, el presupuesto de la agencia se ha duplicado, superando los 700 millones de euros.
José Manuel Albares afirmó que esta actualización permite a la AECID afrontar los desafíos internacionales con más eficacia. Ahora, la agencia asume nuevas tareas, como coordinar a los actores de la cooperación para fomentar el trabajo conjunto. Además, contará con más recursos humanos y materiales, así como con una normativa más flexible y ágil.
El Ministro de Exteriores también resaltó que este cambio implica una evolución: de una cooperación centrada en la ayuda hacia un modelo basado en alianzas. Así, la AECID no solo comenzará con sus programas y proyectos, sino que fortalecerá su colaboración con la sociedad civil, las universidades y las organizaciones sociales.
Reforma en recursos humanos y modernización de la AECID
La AECID renovará su sistema de recursos humanos para atraer personal altamente cualificado que responda a los retos futuros. Según José Manuel Albares, la agencia lanzará pronto una convocatoria para incorporar responsables de proyectos como personal fijo, tanto en su sede en Madrid como en sus más de 50 oficinas internacionales.
El nuevo Estatuto apuesta por una AECID más eficiente, dinámica y flexible, comprometida con la mejora continua, la innovación y la rendición de cuentas. Albares destacó el esfuerzo para medir con precisión los resultados de su trabajo.
En palabras del ministro, la cooperación española avanza hacia una “arquitectura sólida, moderna e innovadora”. Además, recordó el compromiso de alcanzar el 0,7% de la renta nacional bruta destinada a ayuda oficial al desarrollo para 2030, tal como establece la Ley de Cooperación.
Finalmente, Albares señaló que esta reforma es un paso crucial para garantizar el éxito de la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que tendrá lugar en Sevilla en junio de 2025.
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