Numerosas son las asociaciones y grupos de empresarios que en esta época de crisis emiten informes sobre la actual situación y algunas posibles soluciones. El último en sumarse al carro ha sido el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) quien ha presentado recientemente el informe España 2018 que ratifica algunas medidas defendidas desde hace tiempo por otras asociaciones para aflorar parte de la economía sumergida y dinamizar el empleo en España, sin duda las dos lacras en las que el Gobierno tiene que seguir trabajando a toda costa.
Según este estudio, las cifras son: un 23,6% de tasa de paro, situada a la cabeza junto con Grecia (25,9%) a nivel europeo; economía sumergida que representa el 23% del PIB, lejos del 15% del PIB que representa en Alemania o Francia; y no menos importante fraude laboral que alcanza el 11% del PIB, alrededor de 1,85 millones de empleos.
Todos estos problemas se resumen en un concepto denominado “economía black”. Se trata de una forma de corrupción social que se compone de fraude fiscal y laboral, fraudes que bien es cierto la sociedad los acepta a diario sin escándalo debido a la elevada tributación, a las características del mercado laboral y a la calidad de las instituciones.
Por un lado las cotizaciones sociales suponen el 12 del PIB%. Este porcentaje no es más elevado que el de otros países, pero la aportación del empleador es un 70% de la misma. Muchos empleos desaparecerían debido a que muchas empresas sumergidas sólo son rentables cuando no tienen que afrontar las cargas sociales. Según otros informes, un 5% de los asalariados españoles manifiesta que ha recibido al menos una parte de su sueldo en negro e incluso casi del 50% de estos declaró que había cobrado así tres cuartas partes de su paga.
Es por ello que el informe del CEC planteaba al Gobierno que se afloraran medidas que ya están establecidas en otros países tales como reducir la carga fiscal para los trabajadores con menos ingresos, la utilización de cheques de prestación de servicios subvencionando el coste de determinados tipos de empleo o simplificar los trámites de la contratación. De hecho, cada día aumentan las oportunidades de empleo en el sector de servicios a las personas y familias aunque en la actualidad es uno de los sectores donde más radica la economía sumergida. Este puede ser un buen camino para crear alrededor de medio millón de nuevos empleos en 3 años legalizados si se acometen algunas medidas como desgravaciones a las personas y empresas especializadas en prestar estos servicios.
El CEC también propone eliminar barreras legales que tienen las compañías para aumentar su volumen de negocio, así como facilitar las condiciones financieras para realizar fusiones y adquisiciones. Con esto se duplicarían las empresas de más de 250 trabajadores (aproximadamente unas 3.800) y aumentar un 60% las medianas que emplean entre 50 y 250 asalariados (actualmente unas 24.000). Esto generaría unos 400.000 nuevos empleos en los próximos cuatro años. Esto hará a las empresas más competitivas, lo que facilitará que más empresas exporten.
Entre otras de las propuestas destacamos el ajustar los gastos de personal en el sector público por 5.000 millones de euros, fusión de ayuntamientos, ahorrando así otros 6.000 millones de euros y otras tantas medidas de reestructuración de todo el sector público que se traduce en 17.500 millones menos de gasto. Igualmente se propone privatizar activos públicos y aumentar la inversión en I+D, destinar 18.000 millones de euros a la eliminación de las tarifas los costes no relacionados con la producción y distribución de energía y repartir entre todos los sectores la carga fiscal del cumplimiento de los objetivos medioambientales.
Todo esto se traduciría en una reducción de la tasa de paro del 23,6% al 14,2% en 4 años.
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