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En los últimos meses, España ha sido objeto de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea debido al permiso parental no retribuido de 8 semanas. España ha incumplido con la Directiva 2019/1158 relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores.
La normativa europea obliga a los Estados miembros a garantizar que las dos últimas semanas del permiso parental sean retribuidas, algo que España aún no ha implementado, a pesar de que el plazo para hacerlo expiró en agosto del año pasado.
Procedimiento de infracción contra España: Permiso parental no retribuido
La Comisión Europea ha iniciado el proceso sancionador enviando una carta formal de emplazamiento, que es el primer paso en la vía legal.
El gobierno español dispone de dos meses para tomar las medidas necesarias y corregir la situación. De no hacerlo, el procedimiento podría escalar a una segunda fase, donde Bruselas emita un dictamen motivado.
Si persiste el incumplimiento, España podría enfrentarse a una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual es competente para imponer sanciones económicas.
Esta situación se deriva del incumplimiento de España en cuanto a la transposición completa de la Directiva Europea de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral.
Aunque el secretario de Estado de Trabajo ha subrayado el compromiso del Ejecutivo con la transposición de la directiva, reconociendo la necesidad urgente de implementar esta medida, aún no se ha concretado en la legislación.
Retrasos en la transposición de la directiva europea
El 2 de agosto de 2022 culminó el plazo para que los Estados miembros adoptaran en su normativa nacional las disposiciones de la directiva europea sobre permisos parentales.
Este incumplimiento por parte de España no solo expone al país a sanciones, sino que también vulnera los derechos de las familias, que no disponen del permiso parental retribuido en sus últimas semanas, una ayuda esencial para la conciliación de la vida personal y profesional.
El Ministerio de Trabajo ha señalado que la falta de retribución en las últimas semanas del permiso parental no solo incumple las obligaciones europeas, sino que también afecta directamente a los ciudadanos, impidiendo que muchas familias puedan disfrutar plenamente de un derecho que debería facilitar el cuidado de los hijos sin comprometer la estabilidad laboral.
Bruselas inicia el proceso: ¿Cuáles son las consecuencias?
En agosto de 2022, el Ministerio de Trabajo ya anticipó que la multa inicial sería de al menos 7 millones de euros si no se cumplía con la directiva. Esta cifra podría aumentar en función de la persistencia del incumplimiento.
El expediente sancionador es solo el primer paso en el proceso legal, queda por ver si el caso llegará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se decidiría la posible imposición de sanciones económicas.
Sentencias judiciales en España: un paso hacia el reconocimiento del derecho
A pesar de la falta de transposición de la directiva, los tribunales españoles ya están comenzando a aplicar los principios de la misma. Un ejemplo relevante es la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que condenó a una empresa a indemnizar a una persona trabajadora con 20.000€ por vulnerar su derecho al permiso parental.
La empresa obstaculizó el disfrute del permiso alegando que el trabajador debía solicitarlo en periodos semanales, en lugar de facilitar la flexibilidad que recoge el Estatuto de los Trabajadores, lo que provocó que el permiso solicitado en agosto se extendiera a septiembre.
Este caso subraya la importancia de proteger los derechos de los trabajadores, incluso en ausencia de una legislación clara y actualizada. El tribunal catalán reconoció que la empresa había vulnerado el derecho fundamental a la no discriminación en el ejercicio de los derechos de conciliación, revocando una sentencia anterior que favorecía a la empresa.
Permiso parental no retribuido
La situación del permiso parental no retribuido en España refleja una brecha importante entre las obligaciones europeas y su trasposición al marco normativo de nuestro país.
Mientras Bruselas avanza en su expediente sancionador, el Gobierno español debe actuar para garantizar la transposición completa de la directiva, protegiendo los derechos de las familias y evitando sanciones económicas.
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