Proyecto de Ley para proteger a las personas que informen sobre corrupción

El Gobierno ha aprobado un proyecto de ley para proteger a las personas que informen sobre corrupción. Concretamente para aquellos que comuniquen infracciones del derecho de la Unión Europea y el ordenamiento jurídico interno.

Este proyecto ya se ha remitido a las Cortes Generales. Transponiendo la directiva comunitaria de 2019 a la que se conoce como Whistleblowers. El objeto central de la futura ley se trata de la protección “eficaz y efectiva” por la Administración. Cuando esta información que sea comunicada revele la posibilidad de que se haya cometido un delito, deberá comunicarse a la Fiscalía.

Sujetos del proyecto de Ley

Cualquier ciudadano o funcionario público podrá denunciar estas operaciones, subvenciones o adjudicaciones sospechosas, incluso de manera anónima. Esto ha sido una novedad introducida por el precedente establecido por el Tribunal Supremo de admitir denuncias en vía penal anónimas.

La norma extiende la protección a:

• Quienes tienen vínculos profesionales con entidades tanto del sector público como del sector privado,
• aquellas que ya han finalizado su relación profesional,
• voluntarios,
• trabajadores en prácticas o en período de formación,
• personas que participan en procesos de selección.

También se extiende el amparo del proyecto de ley para proteger a las personas que informen sobre corrupción a las personas que prestan asistencia a los informantes, a las personas de su entorno que puedan sufrir represalias, así como las personas jurídicas propiedad del informante, entre otras.

Para no generar el efecto contrario del perseguido, se sancionará la comunicación o revelación a sabiendas de su falsedad. Esto es así, para establecer garantías contra información falsa que puedan hace grave daño a personas, instituciones públicas o empresas. Estas sanciones contemplan, por ejemplo, la amonestación pública, la prohibición de obtener subvenciones o de contratar con la Administración Pública o multas desde 1.001 a 300.000 euros para las personas físicas y desde 10.001 a 1.000.000 euros para las personas jurídicas.

Procedimiento del Proyecto de Ley para proteger a las personas que informen sobre corrupción

Las denuncias se pueden hacer, por lo que se refiere al sector público, en canales internos de informaciones que deben tener obligatoriamente. Deben configurar tal sistema:

• Las Administraciones públicas,
• Las autoridades independientes u otros organismos que gestionan los servicios de la Seguridad Social,
• Las universidades,
• Las sociedades y fundaciones pertenecientes al sector público,
• Las Corporaciones de Derecho Público.

La Ley permite que los municipios de menos de 10.000 habitantes puedan compartir medios para la recepción de informaciones con otras Administraciones de la misma comunidad autónoma.

En el ámbito privado, estarán obligadas a configurar un sistema interno de información todas aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores. En los grupos de empresas será la sociedad dominante la que decida la organización de los canales de comunicación. Sin embargo, a ley admite que aquellas compañías con entre 50 y 250 empleados puedan compartir medios y recursos para la gestión de las informaciones que reciban.

Sin embargo, con independencia del número de empleados, se obliga a contar con un sistema interno de informaciones a todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como a las fundaciones que de los mismos dependan, siempre que reciban fondos públicos para su financiación.

Tres meses es el plazo máximo para llevar a cabo la investigación y responder al informante. Puede haber prórroga si la complejidad del asunto así lo requiere.

Estos sistemas internos de información deberán satisfacer ciertas exigencias, como son el uso asequible, las garantías de confidencialidad, las prácticas correctas de seguimiento, investigación y protección del informante. De la misma manera, se señala que resulta indispensable para la eficacia de los sistemas internos de información la designación de un responsable de su correcto funcionamiento.

Derecho a protección

Los whistleblowers tendrán derecho a protección. Se prohíben expresamente los actos constitutivos de represalia. Contra las personas que presenten una comunicación conforme a lo previsto por este proyecto de ley. Asimismo, las personas que comuniquen o revelen infracciones a través de los procedimientos previstos podrán acceder medidas de apoyo. Como por ejemplo información y asesoramiento integral, accesible y gratuito; asistencia efectiva en su protección o apoyo financiero y psicológico.

Autoridad Independiente de Protección del Informante

Para cumplir con el objetivo perseguido se procede a la implementación de un canal externo. Su llevanza corresponde a la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Es la encargada de admitir a trámite la comunicación, emitir el informe y una resolución final contra la que no cabe recurso.

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