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Derecho procesal
El Derecho Procesal es la rama del ordenamiento jurídico que regula el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, formando parte del mismo las normas ordenadoras de la estructura, composición, estatuto y funciones de los órganos jurisdiccionales; las relativas a la jurisdicción y competencia; las que regulan los presupuestos, el contenido y los efectos de la tutela jurídica impartida mediante el ejercicio de la función jurisdiccional y las hacen alusión a los sujetos, el objeto y el instrumento que sirve de cauce para desarrollar aquella función.
Así, las notas características del Derecho Procesal son su carácter de derecho público, su naturaleza autónoma y su cualidad de derecho instrumental.
Constituye un derecho público en tanto que el juez que lo aplica interviene en el proceso como un órgano público del Estado, con independencia de que el interés deducido en el proceso sea privado o público.
Ocupa una posición autónoma dentro del derecho público en la medida en que regula la actividad jurisdiccional, dentro de la que el juez es independiente frente al poder político y al administrativo, a la vez que contiene como propio el objeto formal de dicha actividad.
Finalmente, se trata de un derecho de carácter instrumental, puesto que el proceso es un medio para conseguir el específico fin de la protección de los derechos e intereses legítimos a través de la actuación de la ley en el caso concreto.
El derecho procesal civil es una rama del derecho que regula los procedimientos judiciales relacionados con conflictos de naturaleza civil, es decir, aquellos que involucran disputas entre particulares, empresas u organizaciones que no están relacionadas con el ámbito penal. Este cuerpo normativo establece las reglas y principios que rigen la forma en que se llevan a cabo los procesos judiciales civiles, desde la presentación de la demanda hasta la ejecución de la sentencia.
El derecho procesal civil abarca aspectos como la competencia de los tribunales, las partes involucradas en el proceso, los actos procesales, las pruebas, los recursos, la ejecución de las resoluciones judiciales y la mediación. Su objetivo principal es garantizar un proceso justo y equitativo para todas las partes, asegurando el respeto a los derechos fundamentales de las personas y la resolución eficaz de los conflictos.
En el derecho procesal civil se distinguen diferentes etapas procesales, como la fase de demanda, contestación, prueba, alegatos y sentencia. Durante cada una de estas etapas, se deben cumplir ciertos requisitos y formalidades establecidos por la ley para garantizar la validez y legalidad de las actuaciones judiciales.
En resumen, el derecho procesal civil es fundamental para la administración de justicia en materia civil, ya que proporciona un marco legal que regula la forma en que se resuelven los conflictos entre las partes de manera justa, imparcial y eficiente. Su cumplimiento es esencial para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de los ciudadanos en el ámbito civil.